Sentencia A. 2645/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-2645/23

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 2645 DE 2023

 

Referencia: Expedientes CJU-3939, CJU-3944, CJU-3949, CJU-3951, CJU-4156 y CJU-4234

 

Conflictos negativos de competencia entre jurisdicciones suscitados entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social

 

Magistrado sustanciador:

Juan Carlos Cortés González

 

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

                                                                                                                  

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial de la prevista en el artículo 241.11 de la Carta, profiere el presente auto con fundamento en los siguientes

 

ANTECEDENTES

 

1.     Causas judiciales que suscitan las controversias en cuestión. A continuación, se resumen los antecedentes que soportan los conflictos de competencia entre jurisdicciones que fueron remitidos a la Corte Constitucional y asignados este despacho para su sustentación, respecto de demandas presentadas por la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de actos administrativos propios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES

 

2.     De la competencia de la Corte Constitucional para acumular conflictos de competencia entre jurisdicciones por presentarse unidad temática. Reiteración del Auto 2209 de 2023.  En aras de garantizar los principios de celeridad y de acceso efectivo a la administración de justicia (artículos 29, 209, 228 y 229 de la Constitución), la Corte Constitucional ha establecido que, en lo que se refiere al trámite de los conflictos de competencia entre jurisdicciones, la Sala Plena tiene la potestad para  disponer la acumulación de los expedientes (i) en los eventos en que se presente unidad temática, es decir, que entre ellos se den circunstancias fácticas y jurídicas comunes y (ii) cuando deba pronunciarse sobre las controversias en las que, a su vez, existen autoridades judiciales análogas. Esto último, ciertamente, deriva de la situación fáctica y jurídica común, pero por tratarse de conflictos de competencia entre distintas autoridades jurisdiccionales constituye un elemento igualmente relevante.

 

3.     Los casos acumulados reúnen los presupuestos establecidos en el Auto 155 de 2019 para la configuración de conflictos de competencia entre jurisdicciones. La Sala Plena observa que sobre cada asunto de los referidos: (i) se acredita el cumplimiento del presupuesto subjetivo, puesto que existe una autoridad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y otra de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, que niegan su competencia para conocer de cada una de las demandas; (ii) se demuestra el cumplimiento del presupuesto objetivo, en tanto las disputas versan sobre el conocimiento del medio de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por Colpensiones en contra de actos administrativos propios que reconocieron presuntamente una prestación económica de manera irregular, procedimientos judiciales que no tienen una decisión judicial definitiva; y (iii) cumplen el presupuesto normativo, debido a que las diferentes autoridades judiciales inmersas en los conflictos acudieron a fundamentos legales para defender sus posturas sobre la falta de jurisdicción (ver cuadro de decisiones de los antecedentes).

 

4.     Reiteración del Auto 316 de 2021. En esa oportunidad la Corte Constitucional resolvió un conflicto de competencia entre las jurisdicciones contencioso administrativa y ordinaria laboral, en relación con un asunto en el que Colpensiones ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de una resolución propia que reconocía una prestación económica. La demandante solicitaba la declaratoria de nulidad de la resolución y, adicionalmente, como medida de restablecimiento del derecho, el reintegro de la diferencia pensional pagada de manera irregular.  

 

5.     La Sala Plena sentó como regla de decisión que: “(…) cuando la administración demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011 (…)”. Lo anterior, sin perjuicio de que el acto administrativo en disputa recaiga sobre asuntos de la seguridad social.

 

6.     Esta regla de decisión fue adoptada con base en: (i) el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, el cual facultó a la administración para demandar sus propios actos cuando el titular niega el consentimiento para revocarlo y es contrario al ordenamiento jurídico[1]; (ii) la cláusula general de competencia del artículo 104 del mismo cuerpo normativo, según la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá las controversias suscitadas por “actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”; y (iii) que la autoridad administrativa, a través del medio de control de acción de nulidad y restablecimiento consagrado en el artículo 138 de la precitada ley, puede impugnar sus actos administrativos, con independencia de que sean o no creadores de situaciones particulares y concretas, con miras a proteger el patrimonio público y los derechos colectivos o subjetivos de la administración.

 

CASO CONCRETO

 

7.     Resolución conjunta de los expedientes CJU-3939, CJU-3944, CJU-3949, CJU-3951, CJU-4156 y CJU-4234 por presentar unidad temática. Las controversias remitidas a la Corte Constitucional en esta oportunidad suponen hechos similares que dan lugar a una problemática común. En el presente asunto se tramitan seis expedientes en los que Colpensiones ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a fin de obtener (i) la anulación de actos administrativos propios y el reintegro a la entidad de sumas de dinero por parte de los demandados. Además, (ii) las controversias han sido conocidas tanto por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como por la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social. En esos términos, se presentan circunstancias fácticas y jurídicas comunes, y autoridades análogas, que permiten la acumulación y resolución conjunta de las controversias.

 

8.     La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer de los casos que suscitan los presentes conflictos de competencia entre jurisdicciones. La Sala Plena de esta corporación dirime los presentes conflictos negativos de competencia entre jurisdicciones, en el sentido de determinar que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para pronunciarse sobre estos litigios, de conformidad con la regla de decisión contenida en el Auto 316 de 2021 que en esta oportunidad se reitera, bajo la siguiente fundamentación:

 

9.     (i) Las demandas son promovidas por una entidad de naturaleza pública de acuerdo con el artículo 1° del Decreto 4121 de 2011. Colpensiones es una empresa industrial y comercial del Estado de orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, que tiene como objeto la administración estatal del régimen pensional de prima media con prestación definida.

 

10.             (ii) Las demandas pretenden la nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio. Colpensiones ejerce, en cada uno de los casos, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo propio, el cual reconoció un derecho específico y concreto.

 

11.             La Sala Plena observa que si bien los jueces de lo contencioso administrativo cumplen con los presupuestos establecidos para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones, entre estos el normativo, algunos de ellos sustentan sus posturas sobre jurisprudencia que resulta anterior al precedente constitucional dispuesto en el Auto 316 de 2021 que unifica la postura de la Corte Constitucional, reiterado de manera uniforme en los Autos 377, 382, 384, 385, 391, 393, 394, 396, 397, 399, 400, 402, 410, 411, 412, 431, 432, 434 y 437 de 2021 y 136, 145 y 375 de 2023, entre otros, de esta corporación. En este sentido, la Sala Plena insta a los jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo a valorar la jurisprudencia más reciente, unificada y uniforme de esta Corporación.

 

12.             Regla de decisión: Cuando la administración demanda un acto propio, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el conocimiento del asunto será competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011.

 

DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. ACUMULAR y PRONUNCIARSE, de manera conjunta, sobre los conflictos de competencia entre jurisdicciones que corresponden a los expedientes CJU-3939, CJU-3944, CJU-3949, CJU-3951, CJU-4156 y CJU-4234, por presentar unidad temática.

 

SEGUNDO. DIRIMIR el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena es la autoridad competente para conocer del proceso judicial promovido. En consecuencia, por medio de la Secretaría General de esta corporación, REMITIR el expediente CJU-3939 al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena para lo de su competencia y para que comunique esta decisión al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena y a los interesados en este trámite.

 

TERCERO. DIRIMIR el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Ibagué, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué es la autoridad competente para conocer del proceso judicial promovido. En consecuencia, por medio de la Secretaría General de esta corporación, REMITIR el expediente CJU-3944 al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué para lo de su competencia y para que comunique esta decisión al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Ibagué y a los interesados en este trámite.

 

CUARTO. DIRIMIR el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Doce Administrativo de Oralidad de Bogotá, Sección Segunda, y el Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Doce Administrativo de Oralidad de Bogotá, Sección Segunda, es la autoridad competente para conocer del proceso judicial promovido. En consecuencia, por medio de la Secretaría General de esta corporación, REMITIR el expediente CJU-3949 al Juzgado Doce Administrativo de Oralidad de Bogotá, Sección Segunda, para lo de su competencia y para que comunique esta decisión al Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá y a los interesados en este trámite.

 

QUINTO. DIRIMIR el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección Séptima, y el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá, en el sentido de DECLARAR que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección Séptima, es la autoridad competente para conocer del proceso judicial promovido. En consecuencia, por medio de la Secretaría General de esta corporación, REMITIR el expediente CJU-3951 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección Séptima, para lo de su competencia y para que comunique esta decisión al Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá y a los interesados en este trámite.

 

SEXTO. DIRIMIR el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, en el sentido de DECLARAR que el Tribunal Administrativo de Boyacá es la autoridad competente para conocer del proceso judicial promovido. En consecuencia, por medio de la Secretaría General de esta corporación, REMITIR el expediente CJU-4156 al Tribunal Administrativo de Boyacá para lo de su competencia y para que comunique esta decisión al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja y a los interesados en este trámite.

 

SÉPTIMO. DIRIMIR el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja es la autoridad competente para conocer del proceso judicial promovido. En consecuencia, por medio de la Secretaría General de esta corporación, REMITIR el expediente CJU-4234 al Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja para lo de su competencia y para que comunique esta decisión al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja y a los interesados en este trámite.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

 

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

Ausente con comisión

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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